Erradicar el trabajo infantil es una de las prioridades en la política social del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Para ello, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), organismo rector de las Políticas Públicas en materia de Inclusión, Protección Especial, Aseguramiento No Contributivo y Movilidad Social, ha venido ejecutando un trabajo conjunto para restituir los derechos de  niños, niñas y adolescentes que trabajaban.

Desde el 2006 hasta el 2012 miles niños, niñas y adolescentes fueron retirados del trabajo infantil en basurales, plantaciones florícolas, canteras, camales, ventas ambulantes en  las calles, zonas de tolerancia y otros sitios de riesgo. Evidenciando una reducción de  cinco puntos porcentuales del 12,5% hasta el 6,3%, según  la Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDUR

Esta realidad también fue ratificada en el informe internacional “Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia en Ecuador 1990-2011” presentado durante la primera semana de junio de 2012 por el  Consejo del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y las organizaciones Save the Children, Unicef y Plan Internacional.

Estos logros solo fueron posibles gracias a un trabajo intersectorial y articulado. El Ministerio de Relaciones Laborales fue responsable de la identificación de niños, niñas y adolescentes a través de inspecciones realizadas a diferentes lugares como botaderos de basura, camales, plantaciones florícolas, bananeras, canteras, además de haber disuadido y multado a empresas por el incumplimiento de la Ley.

El Ministerio de Educación se encargó de su inserción al sistema educativo, mientras que el  MIES  mediante la atención integral restituyo los derechos de 42. 904 niñas, niños, adolescente y sus familias, a través de la firma de 152 convenios.

Otros actores fundamentales en este propósito son los gobiernos locales, que bajo el principio de corresponsabilidad asumen el control de los espacios públicos como botaderos de basura, mercados, camales, terminales terrestres y calles, para garantizar que niños, niñas y adolescentes no trabajen y disfruten del derecho a la educación y recreación.