MIES suscribió dos convenios para la erradicación progresiva de la mendicidad en Pujilí y Latacunga.

La prevención y erradicación progresiva de la mendicidad infantil es uno de los ejes del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). En este sentido, se suscribieron dos convenios de cooperación entre la institución, la Fundación Apoyo Social Ecuador (FASE) y la Fundación Triunfo Ecuador, a fin de proteger y restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en condiciones de riesgo y mendicidad.

A través de este convenio se focaliza la atención a una población de 160 niñas y niños, previamente identificados como grupo vulnerable, y localizados en los cantones Pujlí y Latacunga. Los menores de edad provienen de distintas parroquias rurales, zonas urbano-marginales, y de grupos de migrantes.

El coordinador zonal 3 del MIES, José Antonio Romero, precisó que esta cartera de Estado asignará un monto total de 100 mil 376 dólares, a las entidades cooperantes, a fin de cubrir los rubros que demanda el proyecto de cooperación. “El sector de la niñez es un área primordial que amerita todo esfuerzo mancomunado para garantizar su cuidado, protección y desarrollo”, puntualizó la autoridad.

Edgar Villagómez, director ejecutivo de la Fundación Triunfo Ecuador, mencionó que “la mendicidad es un tema urgente de tratar en el cantón Latacunga; por esta razón se ha establecido una estrategia para atender las necesidades de la niñez como grupo vulnerable y la alianza con el MIES, permite trabajar y garantizar la seguridad, atención, cuidado y derechos de las niñas y niños en nuestra provincia”, enfatizó.

Por su parte, Santiago Zambrano, presidente de la FASE, indicó que se cuenta con un equipo para abordar el tema de la mendicidad. “Se ha identificado una población infantil de 80 niñas y niños, en situación de vulnerabilidad en el cantón Pujilí; contamos con un equipo especializado con experiencia para cumplir con este objetivo”, mencionó.

El trabajo intersectorial es un factor fundamental con los gobiernos locales, que bajo el principio de corresponsabilidad asumen el control de los espacios públicos como mercados, terminales terrestres y calles, para garantizar que niñas, niños y adolescentes, no estén expuestos a riesgos y disfruten del derecho a la educación y recreación.