La viceministra de Inclusión Social, Verónica Cando y autoridades del MIES, mantuvieron hoy un diálogo con los representantes de la Red de Cooperantes donde se reiteró el interés de garantizar la protección y derechos de la población que se atiende en servicios bajo convenio y buscar salidas conjuntas en el marco de la normativa.

En Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), cada año, ejecuta la firma de convenios con cooperantes para brindar servicios de atención social, además de los que mantiene bajo administración directa, a población de grupos prioritarios y vulnerables: niñas, niños de 0 a 3 años de edad, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.

En 2022, a nivel nacional, se atenderá bajo convenio a 223.325 personas con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), quienes deben garantizar servicios de calidad en el marco de las normativas vigentes con personal calificado y en cumplimiento de requisitos para la eficiencia de los recursos públicos.

Los requisitos estipulados en las normas para suscripción de los convenios de cooperación técnicos – económicos, no son nuevos, existen en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas (LOSNCP) desde 2013, como un mecanismo para garantizar el buen trato y la eficiencia en los recursos públicos. Las garantías, por mandato legal son pólizas de seguros, bancarias, hipotecas y certificados de depósito a plazo. En el caso de los GAD, al ser entidades del sector público, no requieren de presentación de garantías para contratar con el Estado.

Adicionalmente, el Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2021-021, del 30 de diciembre de 2021, permite que los cooperantes como organizaciones de la sociedad civil escojan la forma de los desembolsos; es decir, si requieren un anticipo deben presentar las garantías de acuerdo al artículo 73 de la LOSNCP; si no es el caso pueden acogerse al pago contra prestación de servicios en un periodo de tiempo con un proceso ágil y sencillo de liquidación. En este marco, las organizaciones de la sociedad civil deberán aportar una parte del valor del convenio de acuerdo con las Normas Técnicas y las fichas de costos aprobadas para el año 2022.

Generalmente, en los servicios por convenio, el MIES asume un 80% del valor de inversión para su sustento y el GAD o la organización el 20%. El ministerio apunta a la eficiencia del Estado en los procesos administrativos y de calidad. Según el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, lo más importante “desde el primer día de nuestra administración es garantizar la atención de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad; en tal razón, hemos eliminado cualquier tipo de traba, realizamos la validación de perfiles técnicos a fin de que el personal sea capacitado y cualificado, en cumplimiento con la norma técnica y el buen uso de los fondos públicos, bajo el mandato de la ley”.

Asimismo, reiteró el diálogo siempre abierto con los cooperantes para dar cumplimiento irrestricto al compromiso de obligaciones suscritas en los convenios para la protección social de la población a la cual se deben; por ello, durante enero y febrero se prevé concretar la firma, de al menos el 50% de convenios a nivel nacional.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN